El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó este miércoles 17 de marzo la nueva actualización del informe elaborado sobre la crisis venezolana por la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Durante su programa Con el Mazo Dando, que se transmite por Venezolana de Televisión (VTV), señaló que expresidenta chilena no debe interferir en los asuntos internos del país.
“Esta señora es alta comisionada para los derechos humanos y no dice nada de lo que pasa en Colombia o Chile. ¿Qué tiene ella, siendo de derechos humanos, que hablar de elecciones en Venezuela?”, comentó el también «diputado» de la cuestionada Asamblea Nacional (AN) electa el pasado 6 de diciembre de 2020.
“Señora aquí va a haber elecciones, más limpias que las de Chile, pero mucho más limpias que las de Chile y mucho más transparentes, mucho más seguras, donde votan todos y todas, donde no persiguen a los mapuches, ni a los hermanos indígenas”, agregó Cabello.
ACTUALIZACIÓN DE SUS DENUNCIAS
Bachelet solicitó nuevamente este jueves investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se están realizando en el país, por parte de los organismos de seguridad controlados por Maduro.
«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica», exhortó Bachelet.
También manifestó su temor por las organizaciones no gubernamentales y sus activistas ante el incremento de la persecución y represión por parte del chavismo.
«Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos», sostuvo la expresidenta chilena, quien igualmente abogó por la libertad de expresión y los dirigentes políticos opositores.
«Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares», continuó.
